*Este texto forma parte de Tendencias 2022: encuentro de periodistas y creadores en la nueva economía, un ejercicio colaborativo publicado por Story Baker Academy.

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Por Carlos Jornet
@cjornet

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Lentamente, y con marchas y contramarchas, el planeta va empezando a superar la pandemia. No obstante, los efectos que esta produjo tienen todavía un fuerte impacto en los países de la región. Más de 1.5 millones de muertos en América Latina y el Caribe y otros casi 800,000 en Estados Unidos y Canadá reflejan el saldo más trágico. Pero también causan enorme dolor las derivaciones económicas y sociales, con aumento de la pobreza, pérdida de centenares de miles de empleos formales y crecimiento del crimen organizado.

Los medios de comunicación padecen esta realidad con particular énfasis por un contexto en el que confluyen la alta exposición de su personal al contagio para seguir informando en la emergencia, el accionar represivo desplegado por los gobiernos; las limitaciones de acceso a la información, y la pérdida de sostenibilidad económica por la caída de ingresos, el limitado apoyo estatal para superar la crisis y la insuficiente retribución por el uso de los contenidos que realizan las plataformas globales, pese a absorber ya más del 80% de la publicidad digital.

Por ello, en la reciente asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa dijimos que cuando la pandemia concluya, cuando el COVID-19 sea un recuerdo o al menos una enfermedad menos mortal, algunos pesares se habrán instalado con más fuerza en nuestro continente. Y agregamos: algunas de esas llagas que se habrán expandido, que dolerán con mayor intensidad, serán la censura, las pulsiones autoritarias, la intolerancia y la multiplicación de los “desiertos informativos”.

Autoritarismo y control social

La libertad de expresión ha sido claramente una de las víctimas de la pandemia. Gobiernos de todo signo político aprovecharon la cuarentena y el aislamiento social para acentuar las restricciones de acceso a la información pública. Desde Canadá hasta el extremo austral de América.

Y, trágicamente, no solo continuó la violencia endémica contra el periodismo, sino que en varios países se acentuó. En algunos casos, fue esta una derivación de las protestas sociales que se multiplicaron en el continente. En otras, representó el fruto de la fuerte represión descargada por gobiernos autoritarios, que vieron en la pandemia una ocasión para acentuar el control social y terminar con todo atisbo de oposición política.

El caso más patético fue el de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscó ahogar toda voz crítica desde meses antes de los comicios presidenciales del 7 de noviembre, que terminaron siendo apenas un burdo remedo de una elección democrática, con el solo propósito de intentar legitimar la ilegal continuidad de Ortega y su esposa en el poder.

Las prácticas de persecución a opositores, intelectuales y periodistas reproducen las ya aplicadas por las dictaduras de Cuba y Venezuela, que empiezan a vislumbrarse también en El Salvador.

Estos intentos de ahogo a la libertad de expresión definen, sin duda, la agenda de trabajo urgente de la Sociedad Interamericana de Prensa para 2022. Pero no son –por cierto, y lamentablemente– los únicos desvelos de nuestra organización en el camino de expandir los espacios de libertad para el periodismo y para la ciudadanía en su conjunto.

Violencia e impunidad

Los asesinatos de periodistas se reiteran con alarmante frecuencia. Y en esto mucho tiene que ver la falta de compromiso de los gobernantes a la hora de brindar garantías para el ejercicio de la profesión, así como la inacción de las fuerzas policiales y en muchas ocasiones la complicidad de estas y de fiscales y jueces, que avanzan con pasmosa desidia en la investigación y condena de los autores de esos crímenes.

Eje del trabajo de nuestra subcomisión de Impunidad es evitar que la muerte de cada periodista caiga en el olvido por deficiencias en la investigación o por insuficiente compromiso judicial.

Países como México, Brasil, Colombia y las zonas más calientes del narcotráfico en Centroamérica son las áreas críticas por el número de amenazas, atentados y asesinatos contra quienes se atreven a investigar el accionar del crimen organizado y de quienes lo protegen desde el poder.

Los datos estadísticos son alarmantes. Según registros de la SIP, desde 1997 fueron asesinados 594 periodistas en 20 países de las Américas. Y un 87% de los casos sigue sin ser resuelto. Esta es una señal muy fuerte de la falta de compromiso oficial para garantizar la labor de la prensa, y el efecto no es otro que incentivar más actos de violencia.

*Carlos Jornet es director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba, Argentina y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.